El informe anual correspondiente al ejercicio 2010 presentado ayer por el Defensor del Pueblo cree oportuno un debate sobre la dación en pago, ya que la imposibilidad de saldar un préstamo devolviendo la vivienda hipotecada pone en riesgo la estabilidad financiera de las familias y «supone un riesgo para el conjunto de la economía nacional», aseguró la defensora María Luisa Cava de Llano. Pero el informe también hace referencia a otros temas de actualidad.
centros de menores
Califica de trágicos los sucesos del 2010. La defensora del pueblo ha lamentado «profundamente algunos trágicos sucesos» ocurridos en el 2010 en ciertos centros de protección de menores, en los que «la situación de desesperación» de ciertos muchachos los ha llevado incluso, en alguna ocasión, «a intentar quitarse la vida».
mujeres
Pide analizar si es preciso mejorar la protección a maltratadas. La institución ha remitido a las fuerzas de seguridad la recomendación de que analicen la posibilidad de adoptar o proponer las medidas que consideren necesarias para asegurar «en la mayor medida posible» la integridad de las mujeres víctimas de malos tratos. Además, subraya que en materia de violencia machista la lentitud en la justicia, la falta de dotación de los equipos psicosociales y cuestiones sobre las casas de acogida, son las quejas más frecuentes.
inmigrantes
Critica que las órdenes de Interior pueden provocar detenciones masivas. El informe critica con crudeza la polémica circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía que da luz verde a los policías para hacer redadas indiscriminadas de inmigrantes irregulares y que el Ministerio del Interior, a pesar de las críticas de abogados y sindicatos del cuerpo, se ha negado a modificar.
justicia
Teme que se limiten las garantías de los ciudadanos. La institución expresa en la memoria su preocupación por las consecuencias negativas que reformas como las contenidas en el proyecto de ley de agilización procesal pueda tener para la sociedad, ya que teme que puedan limitar las garantías de los ciudadanos ante la Justicia.